
No, no, no se trata de un error tipográfico sino de un cambio consciente del vocablo. Parece inevitable que hablemos, al empezar este año que acaba de comenzar, de uno de los aspectos que se encuentra en boca de todos, que es la llamada Reforma Laboral. Normalmente los cambios y transformaciones en las organizaciones es conveniente que se realicen en los periodos de bonanza y prepararse para los tiempos no tan buenos, que indefectiblemente van a llegar. Nuestro país en el caso de la regulación del mercado laboral no ha seguido este principio, más bien al contrario, ha seguido perpetuando una dinámica realmente anacrónica y obsoleta en la concepción de las relaciones laborales en su sentido más amplio.
Es difícil que los llamados agentes sociales lleguen a un acuerdo que de verdad sirva para “cambiar el guión”. Están anclados por numerosos condicionantes de sus propias organizaciones y el mantenimiento de ellos mismos y de sus postulados ideológicos, lo que les está llevando a hacer movimientos, para por un lado dar la sensación que mueven “ficha” y así seguir dando la impresión de que su movimiento les sigue legitimando para ser una parte importante, relevante y representativa de la sociedad y por otro tratar de mantener sus “mantras” para que sus representados no se sientan defraudados por los acuerdos obtenidos, es decir, unos márgenes de maniobra muy estrechos y por tanto con pocas probabilidades de acuerdos realmente de calado para transformar la situación en la que nos encontramos.
De otro lado el gobierno al que no le quedará más remedio que legislar, también se encuentra atrapado, puesto que las reformas o cambios que tendría que afrontar no van a conseguir de forma inmediata reducir el número de desempleados, sino más bien al contrario, dura tarea para un poder ejecutivo que tiene que demostrar firmeza, arrojo y decisión para reconducir la situación. Ninguna de las reformas posibles va a conseguir reactivar el mercado de trabajo de manera inmediata y ojalá me equivoque, pero la realidad es muy tozuda y el gobierno no tiene crédito ilimitado para demostrar que puede reconducir la situación.
Puestas así las cosas, cuál sería la necesaria transformación del mercado laboral, nuestro modelo es un modelo que ha llevado al mercado de trabajo a una sobrerregulación y proteccionismo tan exagerado que cualquier parecido con unas relaciones normalizadas es mera coincidencia. Si comparamos las relaciones mercantiles y cómo se regulan y cómo lo están las laborales las diferencias son ostensibles. La conjunción del llamado “estado del bienestar” y el trabajo y la mezcla de las regulaciones de algunos de estos aspectos ha hecho que temas que deberían estar separados se encuentren entremezclados haciendo muy difícil su reforma (Seguridad Social, Pensiones,etc).
Nuestra legislación laboral se encuentra repleta de normas que en un mercado laboral más abierto y donde las partes tuvieran mayor libertad pudieran parecer paradójicas. Apunto algunas aquí que merecerían cuando menos pensar en eliminadas, desreguladas o redefinidas:
Excedencia voluntaria ¿tiene sentido que una empresa tenga la obligación de reservarle a alguien sin ninguna causa la posibilidad de regresar a la misma de forma preferente?
Seguridad Social, el pago directo de las cantidades, en su mayor porcentaje por la empresa sin que el trabajador lo visualice da la sensación de no contribución, sería bueno que se incluyera como parte de la retribución para ser descontada y así observar el coste real de la prestación del servicio.
Absentismo laboral, ¿tiene sentido que un empleado que no acude al trabajo reciba la misma retribución y compensación que aquél que está aportando valor?
Permisos retribuidos, la regulación de la misma en los convenios hace que haya situaciones absurdas cubiertas y otras que sería conveniente cubrir no puedan serlo por el abuso que provocarían, seguramente sería más adecuado conceder mayor libertad a las partes.
Convenios Colectivos, la libertad de las partes para llegar a acuerdos diferentes a lo regulado en un convenio sectorial o de empresa debería ser posible, las partes son las soberanas para acordar esa relación dentro de los márgenes de la legislación.
Horarios y calendarios, el encorsetamiento de determinadas regulaciones hacen inviables muchas veces la posibilidad de crear empleos y prestar servicios que aportan valor y mejoran la productividad.
Huelga, la ley permite con absoluta impunidad que cualquiera pueda conculcar los derechos de los ciudadanos por una reivindicación más o menos justa, los piquetes y otras actividades autorizadas por la actual ley hacen de la huelga un recurso fácil y no un “último recurso”, deberían existir otros mecanismos de reivindicación y debate mucho más modernos y no sólo éste que aparece como una “espada de Damocles” en cada discrepancia laboral.
Tribunales laborales, la concepción y praxis que los juzgados laborales hacen de la propia legislación impide muchas veces el normal desenvolvimiento de las condiciones de trabajo, la gratuidad y facilidad de acceso por cualquier discrepancia a la instancia judicial hace que la situación actual sea de tremenda judicialización de las relaciones y por tanto de desconfianza de las partes en las relaciones laborales con las implicaciones que ello tiene, y por supuesto con los costes adicionales para las arcas públicas y por lo tanto para todos nosotros que con nuestros impuestos sostenemos el aparato judicial.
Indemnizaciones por despido, ¿realmente cuál es el origen de las indemnizaciones? En un principio trataban de proteger las tropelías de los empresarios de un mercado laboral poco desarrollado, hoy en día se han convertido en una rémora por la que es poco menos que imposible despedir a un empleado que no está cumpliendo con su obligación. ¿Tiene sentido?
Hay otras muchas más que las abordaremos en otra ocasión y por supuesto encantado de que abramos un debate en la conveniencia o no de abordar estos aspectos.
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